Publicado en D-Lejitos
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© Dr. José A. Callejón.
Cuando todavía no se han esclarecido las causas de una tragedia que ha costado 69 vidas, la derecha ya había decidido quién debía pagar políticamente. Y ahora que alguien ha pagado, resulta que no basta. La pregunta sigue siendo la misma: ¿buscan justicia, responsabilidades o simplemente otra oportunidad para derribar al Gobierno?
Hay tragedias que deberían imponer silencio, respeto y prudencia. No para impedir las preguntas, sino precisamente para que las preguntas puedan formularse sin que nadie las manipule. El accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre, con 69 víctimas mortales, es una de ellas. Y, sin embargo, apenas habían comenzado las investigaciones cuando el Partido Popular ya había encontrado su conclusión política: Óscar Puente debía dimitir.
Pues Puente dimitió. El martes 3 de noviembre, al término de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso, anunció que dejaba el Ministerio de Transportes y que renunciaba a encabezar la lista del PSOE por Valladolid el 29 de noviembre. Explicó que había tomado la decisión el mismo día del accidente, y que un ministro de un país como España no puede continuar en su puesto tras una tragedia de este calado. No hubo sentencia que se lo exigiera, ni imputación, ni escándalo que lo acorralase. Hubo conciencia de la responsabilidad política. Eso es dignidad, y es honestidad.
¿Y qué respondió la derecha? Feijóo contestó a Sánchez con una sola palabra: «Aplícatelo». Conviene aquí refrescar la memoria. Recordemos a Carlos Mazón y la gestión de la DANA que devastó Valencia. Una catástrofe con víctimas mortales, una gestión de emergencias sometida a durísimas críticas, explicaciones contradictorias y una exigencia social de responsabilidades que se prolongó durante meses. ¿Cuánto tardó Mazón en abandonar la presidencia de la Generalitat? ¿Cuántas explicaciones fueron necesarias? ¿Cuánta presión política y social tuvo que acumularse antes de que se produjera su salida? Puente ha tardado seis días y se fue por voluntad propia.
Y recordemos también a Isabel Díaz Ayuso y la gestión de las residencias durante la pandemia de COVID-19. Miles de personas mayores fallecieron en circunstancias que siguen generando controversia y reclamaciones de esclarecimiento. Los protocolos de derivación hospitalaria y la actuación del Gobierno madrileño han sido objeto de investigaciones, denuncias y debates públicos. ¿Dónde está su dimisión? ¿Dónde su asunción de responsabilidades?
Óscar Puente ha dimitido. Pero la dimisión de un ministro no cierra la investigación. La primera información apuntaba a un posible error humano. Después conocimos que el sistema de seguridad ferroviaria LZB había sufrido una avería informática que provocó la detención automática de varios trenes. Según la información difundida sobre las comunicaciones entre Atocha y los trenes, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad, pese a que otro tren permanecía detenido en la misma vía. ¿Por qué se transmitió aquella autorización? ¿Qué información aparecía en las pantallas del centro de control? ¿Coincidían las indicaciones del sistema con la situación real de los trenes? ¿Se aplicó correctamente el protocolo previsto? Y hay una pregunta adicional que no debería descartarse sin investigar: ¿puede acreditarse que el fallo informático fue exclusivamente accidental?
No puedo afirmar que la avería informática equivalga a un ciberataque. A día de hoy no existen pruebas públicas de que alguien hackeara deliberadamente los sistemas ferroviarios, ni de intervención extranjera alguna. Pero tampoco puedo ignorar el momento. PP y VOX acababan de retratarse en el Congreso ante la nueva ley de vivienda propuesta por el PSOE, y la tendencia de voto empezaba a alejarse de ambos. Y entonces ocurre un accidente que cambia por completo la conversación pública. Una casualidad macabra. A mí me parece demasiada casualidad. Y creo que cualquier demócrata debería exigir que se examinen los registros informáticos, los accesos a los sistemas, las comunicaciones y cualquier posible alteración de su funcionamiento, sin descartar ninguna hipótesis, y no solamente las políticamente convenientes. En el debate político español se han escuchado declaraciones de una violencia retórica preocupante. Existen declaraciones concretas de dirigentes o representantes de VOX sobre estrellar trenes para provocar la caída del Gobierno que debieran publicarse, identificarse y contrastarse, atendiendo inclusio a las relaciones de determinados sectores políticos españoles con Israel, que a mí me parece, según su comportamiento en Gaza, o con Marruecos, como mínimo, que es sospechoso de inspirar o alentar a patriotas fanáticos a fraguar un sabotaje que concluyó en atentado.
La hipótesis de una intervención extranjera, si aparecieran indicios técnicos que la respaldasen, debe investigarse con todas las consecuencias. Por el momento, no podemos confundir coincidencias, afinidades ideológicas y sospechas con pruebas. Dejemos trabajar a las Fuerzas especializadas y forenses del Estado.
Lo verdaderamente preocupante es que parece haberse instalado una dinámica política en la que la oposición no espera a que se esclarezcan los hechos para exigir dimisiones. Primero se señala al responsable político. Después se construye el relato. Finalmente se convierte la exigencia de dimisión en una prueba de culpabilidad. Y ahora, cuando el responsable dimite, se le dice al presidente que se aplique el cuento.
Sánchez lleva años soportando este tipo de embistes. Cada crisis se presenta como la definitiva. Cada polémica como el principio del final. Cada error del Ejecutivo como una oportunidad para reclamar elecciones. Pero en democracia no se derriba a golpe de tragedia. En democracia, los gobiernos cambian mediante elecciones, mayorías parlamentarias y mecanismos institucionales. No mediante la explotación política del dolor.
Llegados a este punto, uno empieza a preguntarse qué les queda por hacer a los fachas que llevan años anunciando que el Gobierno está acabado, pero no consiguen desalojarlo del poder. Tras escuchar determinados discursos, como el de Abascal y Feijóo, parece que los orcos se disponen a desempolvar el viejo repertorio del golpismo, y que van a entrar al Congreso, pistola en mano, como en aquel 23-F de Tejero, convencidos de que con los tiricos pueden lograr lo que no pueden con votos.
El 29 de noviembre, los ciudadanos hablan. Un ministro ha dado ejemplo. Que los votantes se lo recuerden a quienes nunca lo dan.
© Dr. José A. Callejón.