La política debería ser el espacio donde se construye el bien común, donde se toman decisiones que protegen a los más vulnerables y garantizan que la sociedad avance con justicia. Sin embargo, demasiadas veces se convierte en un lodazal de intereses privados, un mercado de favores y comisiones. El Partido Popular ha dado en los últimos años ejemplos vergonzosos de cómo algunos de sus dirigentes han confundido el servicio público con la oportunidad de enriquecerse, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia reciente: la pandemia.
Mientras miles de familias lloraban a sus muertos y los sanitarios se dejaban la piel en hospitales colapsados, hubo quienes vieron en las mascarillas y el material sanitario no un escudo contra el virus, sino un negocio redondo. El “Caso Mascarillas” es la prueba más obscena de esa inmoralidad: contratos inflados, comisiones ilegales, mordidas que convertían la tragedia en oportunidad.
La detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), junto con su vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, no es un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad política: la impunidad con la que demasiados cargos del PP han actuado, convencidos de que las instituciones son su cortijo particular. La Guardia Civil y los jueces investigan cómo se adjudicaron contratos millonarios de mascarillas durante la pandemia, y lo que aflora es un patrón: comisiones ilegales, empresas fantasma y dirigentes que se lucraban mientras la población sufría.
No hablamos de errores administrativos ni de irregularidades menores. Hablamos de negocios con la muerte, de aprovechar el miedo colectivo para hacer caja. Y lo más grave es que quienes deberían ser ejemplo de ética pública se comportan como mercaderes sin escrúpulos.
Este escándalo abre un debate incómodo pero necesario: ¿para qué sirven las Diputaciones? Estas instituciones, tan defendidas por el PP, que han convertido en feudos opacos para el clientelismo y la corrupción, donde se reparten contratos y favores. El nuevo escándalo de corrupción de políticos del PP refuerza la percepción de que estas instituciones se han transformado en refugio de prácticas inmorales. Y si su función es ser un vivero de chanchullos, quizá ha llegado el momento de preguntarnos si son necesarias o si deben ser abolidas.
El Caso Mascarillas no es una anécdota, es un espejo que refleja la degradación de una parte de la política española. Cada nuevo nombre que cae detenido, cada registro policial, cada comisión ilegal descubierta, nos recuerda que hay quienes se sienten impunes, convencidos de que el poder les pertenece por la gracia de Dios, y que la ley es un obstáculo menor.
La sociedad no puede tolerar que se negocie con la enfermedad y la muerte. La política no puede ser el negocio de unos pocos. Y el PP, si quiere seguir llamándose partido democrático, debería empezar por limpiar su propia casa. Porque lo que hoy vemos en Almería es solo la punta del iceberg de una cultura política que ha confundido el servicio público con el saqueo institucional.
© Dr. José A. Callejón